Fracasa la norma de las 65 horas laborales por la falta de acuerdo entre la Eurocámara y los Veintisiete.
La falta de acuerdo entre los representantes de la Eurocámara y de los Gobiernos de la UE anoche en la ronda final de negociaciones ha provocado que, tras cinco años de debates, se abandone definitivamente la norma que sitúa la jornada laboral máxima en 65 horas semanales, según ha informado hoy el Parlamento.
Ello significa que seguirá vigente la legislación actual sobre tiempo de trabajo, que fija una jornada laboral de 48 horas semanales pero que contempla la posibilidad de excepciones (”opt-out”) mediante un acuerdo individual entre empresario y trabajador. Estas excepciones, en la práctica, permiten trabajar hasta 78 horas a la semana. Si se quiere intentar de nuevo modificarla, habría que empezar desde el principio con una nueva propuesta de Bruselas.
Se trata de la primera vez que Parlamento y Consejo no llegan a un acuerdo en conciliación desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdan en 1999, que amplió los poderes legislativos de la Eurocámara.
El principal obstáculo para el compromiso fue la cuestión del “opt-out”. Los Veintisiete, liderados por Reino Unido, apostaban por mantenerlo indefinidamente, mientras que la Eurocámara exigía fijar en la norma una fecha para su eliminación definitiva, de manera que en ningún caso pudiera superarse la jornada de 48 horas.
Tampoco hubo acuerdo entre el Parlamento y los Gobiernos en la cuestión de las guardias médicas, que también está regulada por la directiva del tiempo de trabajo. La Eurocámara exigía que las guardias se consideraran tiempo de trabajo, tal y como ha dictaminado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la UE, algo que no aceptan los Veintisiete.
Otro punto de discrepancia fue la cuestión de los contratos múltiples. Para los trabajadores con más de un contrato de trabajo, los eurodiputados consideraban que el tiempo de trabajo debía calcularse por trabajador y no por contrato.
A partir de ahora, lo más probable es que la Comisión presente una nueva norma que regule exclusivamente la cuestión de las guardias médicas, que resulta problemática para la mayoría de los estados miembros y sobre la que hay más posibilidades de acuerdo, y deje fuera la cuestión del “opt-out”, según fuentes comunitarias.
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