Las sanciones por accidentes laborales cuestan a las empresas más de dos millones al año.
Actualmente, la ley sólo obliga a investigar aquellos accidentes con una calificación médica de grave, muy grave y mortal, así como todos las accidentes leves que sean denunciados ante las autoridades laborales.
La investigación de los accidentes laborales de trabajadores por cuenta ajena pone en relieve en algunas ocasiones las deficiencias de las empresas en materia de seguridad e higiene en los puestos de trabajo.
Cuando ocurre un accidente grave, muy grave o mortal se activa un protocolo de actuación. Dicho protocolo arranca con una visita urgente de un inspector al lugar del accidente. Una vez en el lugar , para analizar lo sucedido, se toman declaraciones a testigos, al accidentado (cuando es posible) y se solicita a la empresa documentación (por ejemplo: plan de prevención, informe del accidente, formación preventiva que ha recibido el trabajador, reconocimientos médicos que ha pasado el trabajador…)
Con toda la información, si la Inspección entiende que el incumplimiento de las medidas de seguridad es la causa del accidente o de la enfermedad profesional, abre un acta de infracción, que deberá ser certificada por la Autoridad Laboral, quién será el que dictamine la sanción correspondiente.
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