Un enfermero se querella contra el 061 tras sufrir una intoxicación por no llevar mascarilla

El trabajador desarrolló después trastornos psiquiátricos como resultado del accidente y de la medicación que recibió, según dictaminó la Justicia.
(La Verdad de Murcia)

 El 22 de febrero de 2003, las alarmas sonaron en el Centro de Coordinación de Emergencias 112. Una fuga de gas butano y monóxido de carbono, como consecuencia del mal funcionamiento de una caldera, había dejado inconscientes a los tres inquilinos de una vivienda, entre ellos un bebé de 22 meses.

Una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) del 061 se desplazó inmediatamente al lugar, y los sanitarios no lo dudaron ni un momento: entraron en la casa y los atendieron allí mismo para evitar su muerte. El suceso terminó, aparentemente, bien. Sin embargo, a los tres días, uno de los enfermeros empezó a sentirse mal. Tenía los síntomas propios de una intoxicación por monóxido de carbono: bronquitis, crisis hipertensiva, etc. Los médicos decidieron tratarle con broncodilatadores.

Al poco, el sanitario empezó a sufrir trastornos de la personalidad e irritabilidad. El resultado fue una declaración de incapacidad absoluta y el abandono del que había sido su trabajo. Durante meses, batalló en los tribunales para que se le reconociese que todos estos problemas médicos eran consecuencia de la intoxicación sufrida en aquella vivienda, a la que entró sin mascarilla y oxígeno porque las UME no disponen de estos equipos.

Tras varias sentencias recurridas por el Servicio Murciano de Salud y la mutua, la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia dictaminó en el 2006 que los trastornos psiquiátricos sufridos estaban relacionados con la intoxicación y el tratamiento seguido posteriormente, «que provocó una bajada de los niveles de litio», explica Antonio José Madrid Osete, abogado del enfermero.

El fallo del TSJ permitió el incremento de la pensión que recibía desde su declaración de incapacidad permanente. Pero, para el sanitario y el letrado que lo representa, el asunto no acaba aquí. Creen que el 061 y el Servicio Murciano de Salud deben pagar por «su responsabilidad» en lo ocurrido. Por eso, basándose en un informe de la Inspección de Trabajo que criticó la falta de equipos de protección en las UME del 061 para este tipo de intoxicaciones, han interpuesto una querella criminal contra el actual director médico del 061, Ramón Horn -que en 2003 era coordinador médico de equipos- y contra José Cortés Arracó, director de gestión.

El abogado Antonio José Madrid considera que los dos directivos no realizaron «las gestiones necesarias» para la adquisición de las mascarillas y oxígeno que podrían haber evitado el accidente laboral que sufrió el enfermero. En la querella, el letrado asegura que numerosos profesionales, entre los que cita al coordinador del servicio de emergencias de Cartagena, pidieron estos equipos de protección frente a intoxicaciones. Las peticiones, denuncia el abogado, no fueron escuchadas y su cliente sufrió las consecuencias.

Por eso, acusa a Horn y a Cortés Arracó de un delito contra los trabajadores «por no disponer lo necesario en materia de prevención de riesgos laborales», y de un delito de lesiones «cuanto menos por imprudencia». La querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia.

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