Semana negra
Apelar a la fatalidad, a la mala suerte, al destino o si queremos a los oráculos para buscar una explicación , medianamente lógica, a los accidentes de trabajo mortales ocurridos en los últimos días sería, además de simple, un ejercicio de cinismo.
No ha habido sector de producción que no haya sufrido la presencia de la guadaña entre las filas de su población trabajadora. La construcción, la industria, la agricultura, el sector servicios, y la mar que, aunque no es de los que de forma continuada nos aporta datos luctuosos, cuando lo hace lo realiza con saña y con todo su esplendor fúnebre.
Antes de nuestra entrada en la Unión Europea nuestras altas cifras de siniestralidad laboral encontraban una posible explicación en la falta de una normativa legal integradora en Prevención de Riesgos Laborales. Han transcurrido doce años de la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley marco) y de gran desarrollo normativo, y seguimos en la misma situación. Se han dictado leyes, reales decretos, órdenes ministeriales, un inmenso bagaje legislativo que no ha dado los resultados por todos esperados.
Los esfuerzos realizados por todos los agentes integrantes y partícipes de este grave problema social, Administración, Empresarios y Agentes Sociales, no han sido baladíes, pero a pesar de ellos no se consigue disminuir la siniestralidad laboral, y mucho menos mejorar las condiciones de trabajo de la población asalariada.
Pese a los datos triunfalistas, muchas veces maquillados, que aporta la Administración, nuestra Comunidad Autónoma está entre las primeras en cuanto a siniestralidad y a mortalidad en el lugar de trabajo. Ya son más de 120 las personas muertas en Andalucía mientras desarrollaban su trabajo (Datos de la Consejería de Empleo. Septiembre 2007).
Algo está fallando en los planteamientos realizados para solucionar este terrible problema.
¿Cumple sus funciones la Administración a la hora de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa legal en prevención de riesgos laborales?
¿Están realizando los Empresarios un verdadero esfuerzo inversor en prevención de riesgos laborales, o simplemente se limitan aun mero cumplimiento formal y documental de los, a veces farragosos, preceptos legales?.
¿Verdaderamente apuestan los Agentes Sociales por conseguir una mejora en las condiciones de seguridad y salud laboral en el puesto de trabajo, o todavía priorizan demandas pecuniarias?
¿Es libre la población trabajadora a la hora de poder decidir si verdaderamente opta por un trabajo seguro o tiene que conformarse con lo que se le ofrece ante tanta precariedad laboral?
Buscar respuesta a estas preguntas es un tanto difícil. Posiblemente no sea tan tópico recurrir al argumento más esgrimido, y es que nos falta Cultura Preventiva.
Si bien en otros aspectos de nuestra vida los temas relacionados con la prevención están muy asumidos, sobre todo los relacionados con problemas de salud ( diagnóstico precoz de determinados tipos de cánceres, control de factores de riesgo cardiovascular), en lo que respecta a los temas de nuestra seguridad (doméstica, vial, laboral) adolecemos de ese cambio de actitud.
Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial «los escasos niveles de demanda por parte de la población trabajadora en casos de siniestralidad laboral se deben al notable nivel de desigualdad con la parte demandada. La necesidad de trabajar y la dependencia de la población asalariada desalienta las denuncias».
La Administración, en un nuevo intento de acabar con esta terrible lacra social, ha aprobado la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012. Con unos objetivos coherentes y racionales, pero que van a precisar de una apuesta fuerte por parte de todos, se pretende, de una vez por todas, reducir la siniestralidad laboral.
A ver si esta vez es la definitiva.
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